El presidente plantea restricciones y posibles pagos para inmigrantes sin estatus legal, mientras aborda la crisis haitiana y la suspensión de fondos de USAID
¿Deberían los extranjeros irregulares pagar por los servicios públicos en República Dominicana? Esta pregunta ha generado un intenso debate tras las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien confirmó que su gobierno está evaluando medidas para restringir el acceso gratuito a servicios como la salud para inmigrantes sin estatus legal. En un contexto marcado por la crisis socioeconómica de Haití y la presión migratoria, la propuesta busca equilibrar la carga que representa para el país la atención a extranjeros irregulares.
El anuncio de Abinader: ¿Qué implica?
Durante su habitual espacio La Semanal con la Prensa, el mandatario dominicano señaló que la situación en Haití y la falta de acción internacional han obligado a su gobierno a reconsiderar cómo se brindan los servicios públicos a los extranjeros irregulares. “Nuestros servicios públicos no deben continuar de esta manera. Debemos poner mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro, por la vía del acceso o por ambos”, afirmó Abinader.
Esta medida afectaría principalmente a parturientas haitianas, quienes históricamente han cruzado la frontera para recibir atención médica gratuita en hospitales dominicanos. Según datos oficiales, cerca del 30% de los partos en algunas provincias fronterizas corresponden a mujeres haitianas.
Crisis en Haití: El factor determinante
La crisis política, económica y social en Haití ha generado un flujo constante de migrantes hacia República Dominicana, lo que ha tensionado los servicios públicos locales. Abinader destacó que la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para ayudar a Haití, lo que ha dejado a países vecinos como República Dominicana cargando con gran parte de la responsabilidad.
“Ante la inacción internacional, nosotros no podemos seguir asumiendo costos que no nos corresponden”, explicó el presidente. Esta postura ha sido respaldada por sectores locales, pero criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que el acceso a la salud es un derecho universal.
Restricciones migratorias: ¿Hasta dónde llegarán?
Abinader también abordó el tema de la migración irregular, enfatizando que República Dominicana no aceptará ser un “tercer país” para recibir migrantes ilegales. “Del lugar más lejos que aceptaremos gente es de Pedernales. Más allá, no tenemos obligación de recibir a personas de otros países”, afirmó.
Además, el mandatario mencionó que se han dado instrucciones a los consulados para atender a los dominicanos indocumentados detenidos en el extranjero, especialmente en Puerto Rico, donde se han reportado casos de redadas indiscriminadas.
Suspensión de fondos de USAID: Un tema bilateral
Otro punto destacado fue la reciente suspensión de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que afecta programas en República Dominicana y Haití. Abinader adelantó que este tema será discutido con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante su próxima visita.
“Nos preocupan los programas que afectan a Haití en términos de alimentación, pero también aquellos que impactan a República Dominicana. Si no recibimos más ayudas, tomaremos las medidas pertinentes”, aseguró el presidente.
Reacciones: ¿Apoyo o crítica?
La propuesta de cobrar servicios públicos a extranjeros irregulares ha generado reacciones encontradas. Por un lado, sectores nacionalistas y económicos han celebrado la medida, argumentando que el país no puede seguir subsidiando servicios para personas que no contribuyen al sistema.
¿Qué sigue?
El gobierno dominicano está en proceso de definir las metodologías para implementar estas restricciones. Entre las opciones que se manejan están:
Cobro directo: Establecer tarifas para servicios como atención médica y educación.
Control de acceso: Limitar el ingreso a hospitales y escuelas públicas para extranjeros irregulares.
Acuerdos bilaterales: Buscar apoyo internacional para compartir la carga migratoria.
Un tema complejo con implicaciones globales
La decisión de cobrar servicios públicos a extranjeros irregulares no solo tiene implicaciones económicas, sino también humanitarias y diplomáticas. ¿Logrará República Dominicana equilibrar sus recursos sin vulnerar derechos básicos? La respuesta dependerá de cómo se implementen estas medidas y del apoyo que reciba la región para abordar la crisis haitiana.
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